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Guía Práctica para Empresas y Ciudadanos en Colombia, América Latina y EE. UU.
El lavado de activos, la financiación del terrorismo y actividades ilícitas como la minería ilegal, el contrabando y la corrupción son fenómenos que amenazan la estabilidad económica y social en todo el continente. Las empresas y los ciudadanos deben estar preparados, no solo por obligación legal, sino también para proteger la reputación, la confianza y la sostenibilidad de los negocios y comunidades.
1. La prevención en Colombia: SAGRILAFT
En Colombia, el SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT) es la herramienta principal exigida por la Superintendencia de Sociedades. Su propósito es que las empresas:
– Identifiquen riesgos relacionados con clientes, proveedores y operaciones.
– Implementen políticas y controles claros.
– Capaciten al personal.
– Reporten operaciones sospechosas a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).
Aunque no todas las compañías están obligadas a implementarlo, adoptar prácticas de debida diligencia reduce el riesgo de sanciones y protege el negocio.
2. Sistemas de prevención en América Latina
Varios países han desarrollado modelos similares, con apoyo de organismos como el GAFILAT (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). Algunos ejemplos:
– México: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que obliga a reportar operaciones vulnerables.
– Perú: Sistema de Prevención de Lavado de Activos (SPLAFT), supervisado por la UIF-Perú.
– Argentina: Unidades de Cumplimiento dentro de empresas reguladas, con reportes a la UIF-AR.
– Chile: Ley 19.913, que obliga a bancos, casas de cambio y casinos a reportar operaciones sospechosas a la UAF.
3. El sistema en Estados Unidos
Estados Unidos tiene uno de los marcos más estrictos y consolidados:
– Bank Secrecy Act (BSA): obliga a bancos a reportar transacciones sospechosas (SARs).
– Patriot Act: refuerza medidas contra la financiación del terrorismo, con debida diligencia reforzada en clientes extranjeros.
– OFAC (Office of Foreign Assets Control): mantiene listas de sancionados; las empresas deben evitar transacciones con ellos.
El incumplimiento puede generar multas multimillonarias y sanciones penales.
4. Principales sanciones por incumplimiento
Incurrir en actividades relacionadas con lavado de activos o financiación del terrorismo trae consecuencias graves:
– En Colombia y América Latina:
• Multas económicas.
• Inhabilidad para contratar con el Estado.
• Cancelación de licencias o cierres de negocios.
• Procesos penales con penas de prisión.
– En Estados Unidos:
• Multas de cientos o miles de millones de dólares.
• Responsabilidad penal para directivos y empleados.
• Restricciones para operar en el sistema financiero.
– A nivel reputacional:
• Pérdida de confianza de clientes e inversionistas.
• Exclusión de mercados internacionales.
• Daño de imagen irreversible.
5. Consejos prácticos para empresas y ciudadanos
Empresarios:
– Verifique clientes, proveedores y socios (KYC).
– Use contratos con cláusulas de cumplimiento legal.
– Limite el uso de efectivo y monitoree operaciones inusuales.
– Capacite a todo el personal en prevención de LA/FT.
Ciudadanos:
– No preste sus cuentas bancarias a terceros.
– Evite comprar oro, joyas o bienes sin trazabilidad.
– Desconfíe de negocios con promesas de rentabilidad excesiva.
– Prefiera siempre transacciones formales y con comprobantes.
6. Un compromiso colectivo
La prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo no es solo responsabilidad del sistema financiero. Sectores como el inmobiliario, el transporte, el comercio exterior y hasta los pequeños negocios están en riesgo. La minería ilegal, el contrabando y la corrupción muestran que el problema es transversal.
La clave está en generar una cultura de la legalidad en la que todos —empresas y ciudadanos— actúen con transparencia y responsabilidad.
Implementar sistemas de prevención no es un gasto, es una inversión en sostenibilidad. En Colombia, América Latina y EE. UU., las sanciones por incumplimiento son severas. Pero más allá de la multa o la cárcel, lo que realmente está en juego es la confianza: un activo invaluable para los negocios y para la sociedad.